La Unión Europea investiga a diez empresas de videojuegos por monetización abusiva

Las autoridades de protección al consumidor de la Unión Europea han anunciado hoy, 9 de octubre de 2026, una acción coordinada contra diez empresas del sector de los videojuegos. El organismo regulador investiga el empleo de patrones oscuros (dark patterns) dentro de los sistemas de compra y monetización de títulos comerciales.

De acuerdo con la información publicada por GameSpot, la ofensiva comunitaria señala que estas tácticas comerciales buscan manipular a los usuarios y ponen en riesgo a colectivos vulnerables, con especial atención a los menores de edad y a personas propensas a desarrollar adicción al juego.

Activision Blizzard y Ubisoft, en el punto de mira

Entre el grupo de compañías investigadas figuran Activision Blizzard y Ubisoft. Ambas corporaciones han sido señaladas explícitamente dentro del procedimiento regulador europeo, que busca frenar diseños de interfaz pensados para engañar o forzar transacciones económicas en los catálogos digitales.

La Comisión Europea y las agencias nacionales no han hecho pública la lista completa de las diez entidades implicadas ni han precisado las sanciones económicas o medidas correctoras concretas que barajan aplicar. Tampoco han trascendido respuestas oficiales por parte de los equipos legales de Activision Blizzard ni de Ubisoft ante estas acusaciones.

El truco de las divisas virtuales y los paquetes fijos

Uno de los focos centrales de la investigación europea es la venta de divisas virtuales intermedias en lotes cerrados. Los reguladores señalan como ejemplo práctico el modelo implementado en Destiny 2, donde el usuario debe comprar paquetes con cantidades prefijadas de moneda interna que rara vez coinciden con el precio exacto de los artículos disponibles en la tienda.

Este desajuste deliberado obliga al jugador a gastar más dinero real del necesario y deja saldos residuales inservibles que empujan a realizar compras adicionales. Con esta acción coordinada, Bruselas busca unificar criterios para prohibir o reformar estas mecánicas de cobro en todos los Estados miembros.